La respuesta a catástrofes naturales frecuentemente revela una profunda descoordinación entre los responsables de gestionar la emergencia, reflejada en tres factores clave: falta de decisión, intereses políticos y desconocimiento de la ley.
En primer lugar, la falta de decisión provoca retrasos que agravan la situación en momentos críticos. La incapacidad de tomar decisiones rápidas y firmes impide una reacción oportuna, afectando directamente a las personas damnificadas. La ausencia de una autoridad que se responsabilice y actúe con prontitud dilata la entrega de ayuda y la activación de protocolos de rescate y auxilio.
Los intereses políticos también interfieren en la gestión de las catástrofes. A menudo, la toma de decisiones está mediada por la búsqueda de beneficios personales o partidistas, desviando el enfoque del bienestar colectivo hacia intereses ajenos a la urgencia de la situación. Esto se traduce en asignación ineficiente de recursos y en decisiones que priorizan la imagen pública por encima de la efectividad operativa.
Finalmente, el desconocimiento de la ley es otro obstáculo evidente. Ocasiona demoras en la movilización de recursos y en la implementación de medidas de emergencia. Los responsables de coordinar estos esfuerzos cuando desconocen los protocolos jurídicos aplicables, no solo ralentiza las operaciones, sino que, además, deja sin protección legal a las acciones que pudieran implementarse en el corto plazo.
En conclusión, la falta de decisión, los intereses políticos y el desconocimiento de la normativa conforman una triada que impide una respuesta efectiva ante catástrofes naturales, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de la población afectada.