¡Alto a la mala gestión de los presupuestos públicos y al delito de prevaricación!
Es indignante ver cómo los recursos que pertenecen a todas y todos son mal manejados una y otra vez. Cada peso que se despilfarra, cada contrato adjudicado sin transparencia, cada proyecto abandonado, representa una traición a la confianza de la ciudadanía.
¿Qué es el delito de prevaricación y cómo nos afecta? El delito de prevaricación ocurre cuando una autoridad, juez o funcionario público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que es injusta. Este acto no solo vulnera la legalidad, sino que también menoscaba la confianza en las instituciones y afecta directamente el bienestar de la sociedad.
¿Dónde está el dinero que debería mejorar nuestras escuelas, hospitales y calles? Mientras los servicios públicos sufren recortes y las comunidades quedan desatendidas, los casos de corrupción y prevaricación se acumulan, dejando proyectos inconclusos y recursos malversados.
Es hora de exigir:
Transparencia total en el uso de los recursos públicos.
Auditorías independientes para garantizar que cada peso se destine a su propósito.
Sanciones ejemplares para quienes cometan delitos como la prevaricación y malgasten nuestro dinero.
La prevaricación no es solo un acto ilegal; es una burla al estado de derecho y un freno al desarrollo. La gestión responsable de los presupuestos no es un favor, es un deber de quienes nos gobiernan. Alcemos la voz y exijamos rendición de cuentas. La verdadera democracia empieza cuando la ciudadanía se organiza y demanda justicia. ¡Juntas y juntos podemos lograrlo!
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