La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública en la DANA de Valencia: vidas perdidas y derechos ignorados
La DANA que devastó Valencia en octubre de 2024 no solo dejó tras de sí cuantiosos daños materiales y cientos de familias afectadas, sino también un saldo irreparable: la pérdida de vidas humanas. Estos trágicos sucesos no pueden ni deben ser tratados como un simple “fenómeno natural”. La administración pública tiene una responsabilidad directa cuando su inacción, negligencia o falta de previsión contribuyen a agravar las consecuencias de un desastre.
1. El deber legal de proteger a los ciudadanos
La administración pública tiene la obligación de proteger la vida, la integridad física y los bienes de los ciudadanos. Este deber no es solo ético, sino también legal, y está contemplado en el marco de la responsabilidad patrimonial del Estado. Según la legislación, cualquier daño causado a los ciudadanos por la acción u omisión de las administraciones debe ser reparado.
En el caso de la DANA, no solo se trata de inundaciones inevitables:
- Infraestructuras deficientes, incapaces de soportar lluvias torrenciales, dejaron a barrios enteros sin posibilidad de evacuar.
- Falta de planes de emergencia eficaces, que pusieron en riesgo la vida de cientos de personas.
- Ausencia de medidas preventivas claras, pese a las advertencias meteorológicas previas al fenómeno.
Estas omisiones son actos de negligencia administrativa que amplificaron el impacto del desastre.
2. Fallecimientos evitables: una responsabilidad ineludible
La muerte de ciudadanos como consecuencia de un desastre no puede atribuirse únicamente a “la naturaleza” cuando existen claras evidencias de que la falta de acción agrava la situación. Familias han perdido seres queridos debido a infraestructuras en mal estado, falta de información y evacuaciones tardías.
Cada fallecimiento asociado a la inacción o negligencia de las administraciones no solo es una tragedia, sino también un incumplimiento del deber más básico del Estado: proteger la vida.
3. Responsabilidad patrimonial: el derecho a la reparación
Las administraciones deben rendir cuentas y asumir su responsabilidad, no solo moral, sino económica. En el marco del artículo 106 de la Constitución Española y la Ley 40/2015, se establece que los ciudadanos tienen derecho a ser indemnizados por daños causados por los poderes públicos.
Esto incluye:
- Las pérdidas humanas.
- Los daños materiales que podrían haberse evitado con medidas preventivas adecuadas.
- El impacto psicológico y económico sobre las familias afectadas.
No se trata solo de responder con ayudas paliativas, sino de garantizar un proceso claro y justo para indemnizar a los afectados y las familias de las víctimas.
4. La importancia de exigir responsabilidades
Los ciudadanos tienen el derecho de exigir responsabilidades legales cuando la administración falla. Esto no solo es una cuestión de justicia para quienes han perdido a sus seres queridos, sino también una forma de garantizar que estas negligencias no vuelvan a repetirse.
Es imperativo que se lleven a cabo investigaciones transparentes para determinar:
- Qué decisiones se tomaron (o dejaron de tomar).
- Qué infraestructuras estaban en condiciones inapropiadas y por qué.
- Cómo se gestionaron las advertencias meteorológicas previas.
Si se demuestra negligencia o mala gestión, las administraciones públicas deben asumir las consecuencias legales correspondientes.
Un precedente necesario
Las vidas perdidas en la DANA de Valencia no pueden ser simplemente un número en un informe. La responsabilidad patrimonial de la administración pública no solo busca reparar el daño, sino también prevenir que estas tragedias se repitan.
Es hora de que las instituciones públicas enfrenten las consecuencias de sus fallos y garanticen que los derechos de los ciudadanos prevalezcan sobre cualquier justificación administrativa.
