SE PUEDEN PERSONAR LOS CONCEJALES DE UN AYUNTAMIENTO COMO CODEMANDADOS EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL?
Imagina que unos proveedores reclaman al Ayuntamiento por facturas impagadas y, al llevar el asunto a los tribunales, surge la duda de si los concejales pueden o no formar parte del proceso como codemandados. Pues bien, esta reciente sentencia del Tribunal Supremo (n.º 1069/2025, de 11 de marzo) aclara que sí pueden, siempre que se vean afectados sus derechos o intereses legítimos.
¿Por qué es relevante?
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Defensa de los intereses municipales: Los concejales son representantes elegidos de la corporación local y tienen un interés directo en que la gestión de los recursos públicos se haga correctamente.
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Tutela judicial efectiva: El Tribunal Supremo subraya que, si el concejal queda fuera del proceso, se limitaría su derecho a defender tanto su actuación como la del Ayuntamiento, especialmente cuando hay riesgo de perjuicio para las arcas públicas.
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Seguridad jurídica: Esta sentencia unifica criterio, dejando claro que la ley permite que los concejales se personen para proteger los intereses de la corporación cuando esté en juego su gestión, por ejemplo en la contratación pública o en responsabilidades económicas.
En la práctica, ¿qué supone esto?
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Si se demanda al Ayuntamiento y los concejales consideran que el litigio puede afectarles —por decisiones que hayan tomado o por la gestión que les compete—, podrán personarse como codemandados y exponer sus argumentos directamente.
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Se fomenta la transparencia en la toma de decisiones de la administración local, ya que los concejales implicados podrán defender su gestión en sede judicial.
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Se evita que el concejal quede al margen de un posible procedimiento que pueda derivar en consecuencias económicas o de responsabilidad política.
En definitiva, esta sentencia supone un refuerzo del papel de los concejales en los litigios contra su Ayuntamiento y garantiza que quienes toman decisiones sobre el uso de los fondos públicos puedan participar activamente en los procedimientos judiciales que analicen la legalidad de esas decisiones. Esto se traduce en mayor claridad y seguridad para todos los implicados, ya sean los propios concejales, el Ayuntamiento o las empresas que reclaman pagos pendientes.
