“Morosidad y vivienda: El verdadero problema no está en los inquilinos ni en los propietarios, sino en la falta de gestión pública y soluciones inmobiliarias reales”
1️⃣ Introducción: la morosidad como síntoma, no como causa
La reciente noticia de que la deuda media de los inquilinos morosos en España supera ya los 7.957 euros no debería interpretarse como un conflicto entre arrendador y arrendatario, sino como la consecuencia directa de una política pública ineficaz y de un modelo inmobiliario desequilibrado.
Cuando el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos no generan oferta suficiente de vivienda asequible, ni incentivan la rehabilitación y promoción privada, el sistema se vuelve disfuncional: los precios suben, la oferta se contrae, y los impagos terminan apareciendo como el reflejo visible de un desequilibrio estructural.
2️⃣ El artículo 47 de la Constitución: un mandato olvidado
La Constitución Española no solo reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, sino que impone a los poderes públicos el deber de “promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.
Sin embargo, las cifras actuales demuestran lo contrario:
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Falta de suelo urbanizado y asequible.
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Retrasos administrativos en licencias, calificaciones y registros.
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Escasa promoción de vivienda pública y cooperativa.
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Desincentivos fiscales y burocráticos a la inversión privada.
El resultado es una cadena de efectos: el ciudadano no puede acceder a una vivienda asequible, el propietario teme alquilar, el mercado se contrae, y la morosidad emerge como un subproducto de la ineficiencia del sistema.
3️⃣ La verdadera raíz del problema: falta de gestión y visión inmobiliaria pública
El Estado y las administraciones locales han delegado la gestión inmobiliaria casi por completo al mercado, sin desarrollar mecanismos de equilibrio territorial ni estrategias de vivienda pública sostenibles.
Mientras tanto, las políticas urbanísticas se mantienen desfasadas, sin responder al nuevo contexto social y demográfico.
Ejemplos claros:
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Suelo urbanizable bloqueado por planes generales obsoletos.
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Ayuntamientos sin capacidad técnica ni financiera para desarrollar bolsas de vivienda pública o social.
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Inexistencia de consorcios público-privados que canalicen inversión responsable hacia vivienda asequible.
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Falta de mecanismos de coordinación interadministrativa, lo que genera duplicidades, retrasos y litigios.
En este vacío, la morosidad no es una decisión del inquilino ni del propietario:
es la consecuencia inevitable de un sistema donde nadie gestiona el riesgo desde arriba.
4️⃣ La vivienda como activo económico, no solo como bien social
La vivienda representa cerca del 60 % de la riqueza de las familias españolas, y constituye el núcleo de nuestro tejido patrimonial. Sin embargo, las políticas públicas la tratan solo como un problema social, no como un pilar económico estratégico.
Una gestión moderna del mercado inmobiliario debe:
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Fomentar la industrialización de la construcción (para abaratar costes).
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Liberar suelo con planificación responsable.
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Impulsar cooperativas de vivienda y modelos mixtos público-privados.
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Digitalizar procesos urbanísticos para reducir tiempos y costes.
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Atraer inversión institucional con seguridad jurídica real.
Solo desde ese enfoque se reducirá la morosidad de raíz: cuando haya oferta suficiente, procesos ágiles y estabilidad jurídica, los impagos dejarán de ser estructurales.
5️⃣ Conclusión: sin gestión pública, no hay equilibrio privado
La morosidad habitacional es el reflejo de un fracaso de gestión, no de convivencia.
Ni el propietario ni el inquilino son los enemigos: ambos son víctimas de un modelo ineficiente donde el Estado no planifica, el mercado se distorsiona y el ciudadano asume el coste.
Cumplir el mandato del artículo 47 de la Constitución exige más que declaraciones políticas: exige gestión real, planificación urbanística moderna y visión económica.
La deuda habitacional no se combate persiguiendo impagos, sino construyendo soluciones.
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